La morosidad en España

La morosidad de la Administración Pública en el pago a acreedores, la de las empresas en el pago de sus deudas, los retrasos judiciales en la tramitación de procedimientos de reclamación de deuda y la morosidad en el sector bancario son una constante de la economía española en esta época de crisis

 

Según datos facilitados por la Plataforma Sectorial Contra la Morosidad, la Administración Pública pagó las deudas a sus acreedores en un plazo medio de 111alvaro de la fuente días en el año 2013, y en el año 2012 de 132 días, lo que ha supuesto una importante reducción de 31 días – muy lejos del plazo máximo legal permitido por la Unión Europea de 30 días –.

 

Las empresas tienen una media en el pago a sus acreedores de 85 días durante el año 2013, ocho menos que en el año 2012. La normativa europea les exige unos plazos de 60 días en el pago a acreedores.

 

Las ratios de impagados en el año 2013 en España han disminuido en el año 2013 un 5,1% frente al 7,1% del año 2012. La media europea es del 2,6%.

 

El anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial favorecerá la ampliación de los plazos de pago a acreedores al permitir el acuerdo entre partes para fijar un plazo de pago entre empresas.

 

Esta misma facultad de ampliación del plazo de pago, por acuerdo entre las partes, la tiene la Administración Pública con la Ley de Contratos del Sector Público.

 

La crisis económica en la que estamos sumidos provoca morosidad y ésta  a su vez, el cierre de empresas. Se supone que de las 500.000 empresas que han desaparecido con la crisis, al menos la tercera parte han cerrado como consecuencia de la morosidad en el pago de sus facturas – siendo éste el segundo motivo de cierre después de la falta de financiación –. El importante retraso de la Administración de Justicia en la tramitación de los procedimientos en reclamación de deudas también contribuye “eficazmente” al incremento de esta morosidad. Todos estos retrasos y lógicamente las dificultades económicas, contribuyen al aumento de la morosidad con las entidades bancarias, que en enero de 2014, se ha cifrado en un 13,53%.

 

La denominada ley sobre la morosidad fija en un 9% el importe de los intereses de mora que puede exigir cualquier empresa a sus acreedores si estos incurren en mora. No obstante, esta medida legal apenas se viene aplicando porque en España no existe una cultura de pagar intereses de mora y lógicamente porque la deuda generada proviene en gran medida de las dificultades económicas que está atravesando el sector empresarial, lo que  nos hace ser más condescendientes con los morosos; dicho de otro modo,  en la gran mayoría de los casos, la mora no es deseada sino que viene “obligada” por las circunstancias económicas de la empresa, y si se consigue cobrar la deuda o al menos parte de la misma, ello será suficiente para la empresa acreedora.

 

Resulta especialmente positivo para reactivar la economía el Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Gobierno, que ha permitido asumir gran parte de la deuda pendiente con proveedores y reducir la morosidad de las Administraciones Públicas.

 

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